I) ORÍGENES Y DEFINICIÓN
La reunión ministerial de Bremen de la conferencia de la protección del Mar
del Norte de 1984 adoptó el principio precautorio del derecho Alemán .En esa
época, los estados se basaban completamente en conocimientos científicos y en
ausencia de los mismos, estos no tenían manera de controlar emisiones de
sustancias dañinas.
El artículo 7 de la Declaración de Bremen, contiene la primera alusión de
este principio a nivel internacional; el propósito de esta conferencia era
proteger el Mar del Norte de sustancias dañinas aún en ausencia de pudiera
establecerse una relación causal por evidencia científica.
Más tarde este principio ganaría
reconocimiento mundial en la Declaración de Río en la Conferencia de las
Naciones Unidas (ONU) sobre el Medio ambiente y Desarrollo en 1992. El
principio 15 de la Declaración de Río dispone:
“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces
en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
En adición a las Declaraciones Ministeriales y a la Conferencia de la ONU
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, este principio ha sido definido de manera
indistinta en acuerdos multilaterales, algunos de los cuales contienen
versiones rígidas y otras versiones flexibles en la aplicación de este
principio. Un ejemplo de una versión rígida es la implementación de “listas
rojas” de substancias prohibidas para descarga en el mar,
mientras que una versión flexible de este
principio es su enunciación en sistemas de contaminación transfronteriza.
El principio precautorio emerge como resultado del rechazo de la capacidad
asimilativa.
Este modelo determina la
capacidad de los ecosistemas y del medio ambiente para resistir una actividad
en particular. El método de capacidad asimilativa se basa totalmente en la
ciencia y asume que esta puede restaurar el equilibrio y la salud ambiental. El
principio precautorio marca el comienzo de una era de protección al medio
ambiente, en vez de tratar los problemas ambientales este principio busca
anticiparse al daño y así proteger la salud humana y el medio ambiente.
A pesar de las numerosas formulaciones de este principio, y de la falta de
uniformidad de su aplicación,
tres
elementos pueden ser distinguidos. Primero, la amenaza de daño, Segundo, la
falta de evidencia científica y tercero, la necesidad y deber de actuar.
·
Amenaza de daño
Aún cuando no hay consenso en el nivel de daño que se requiere para activar
el principio precautorio,
algunas
formulaciones de este principio requieren que el perjuicio sea grave e
irreversible; este requisito es usado en la Declaración de Río.
El Protocolo de Cartagena, por otra parte,
requiere “daño inminente” y “efectos negativos” para poder activar este
principio. Debido a la complejidad e incertidumbre sobre los efectos de los OGM
en la salud humana y el medio ambiente, estos organismos son los candidatos
perfectos para la aplicación de este principio. Los OGM son altamente
perniciosos y pueden fácilmente propagarse en el medio ambiente
y así afectar la salud humana si se consumen
involuntariamente. El daño potencial de estos organismos, por ende, puede ser
grave e irreversible.
Incertidumbre
Incertidumbre se refiere a situaciones en las cuales no existe evidencia
contundente sobre la seguridad o beneficios de los OGM, cuando esta no está
completa o cuando no está disponible. Debido a la complejidad de los
ecosistemas, los costos y la dificultad en el monitoreo de los OGM, podría
tomar años demostrar sus efectos, dejando desprotegida la población mientras
tanto. Algunos argumentan, sin embargo, que todas las actividades del ser
humano envuelven algún grado de riesgo y que la ciencia nunca puede probar la
ausencia de efectos perjudiciales.
Necesidad y deber de actuar
El principio precautorio ha sido criticado por la falta de pautas para su
aplicación a nivel internacional. Aún cuando no hay consenso en cuanto a qué
medida es aplicable a cada actividad, la regulación precautoria de los OGM
requiere que los gobernantes actúen invirtiendo la carga de la prueba a los
proponentes de una actividad para que demuestren que los OGM no tendrán efectos
negativos sobre la salud humana o el medio ambiente. En la aplicación más
fuerte de este principio, los estados pueden prohibir la entrada de productos
transgénicos al mercado.
Medidas secundarias han sido también propuestas en la aplicación de este
principio. Estas incluyen depósitos monetarios con antelación a cualquier
actividad que pueda poner en peligro el medio ambiente, impactos ambiéntales y
el desarrollo de un régimen de responsabilidad y compensación como es propuesto
en el Protocolo de Cartagena.
II) EL PRINCIPIO PRECAUTORIO A NIVEL
INTERNACIONAL
Introducción
El principio precautorio ha sido enunciado en la Convención sobre Diversidad
Biológica y en el Protocolo de Cartagena. Estos acuerdos consideran por primera
vez en el ámbito internacional, la necesidad de proteger la biodiversidad de
los posibles efectos negativos de los OGM.
A continuación, las normas establecidas en
estos tratados serán analizadas respectivamente.
·
La Convención sobre Diversidad Biológica (CDB)
La Convención sobre la Diversidad Biológica fue firmada en la Conferencia de
las Naciones Unidas en Rió en 1992 y ratificada con posterioridad en Diciembre
de 1993. Este acuerdo fue creado como respuesta a las preocupaciones
internacionales sobre los efectos potenciales de los OGM sobre la biodiversidad
y la experimentación de los mismos en países en vías de desarrollo. Dicha
preocupación se reflejó en el escándalo sobre las experimentaciones
clandestinas de vacunas transgénicas en Argentina por parte de un instituto de
investigación de los Estados Unidos en 1986.
Al igual que otros acuerdos ambientales, la CDB contiene el “enfoque
precautorio”. El preámbulo de la Convención estipula que, cuando haya una
amenaza de “reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica, no debe
alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar
las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza”. Esta versión
del principio precautorio es similar a la de declaraciones en documentos como
la Declaración de Río y Agenda 21.
Los objetivos de la CDB pueden ser resumidos en tres: La preservación de la
diversidad biológica, el uso sostenible de sus recursos y por último el reparto
justo y adecuado de los recursos genéticos. La CDB define diversidad biológica
como la “variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, otros ecosistemas acuáticos
y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. La protección
de la biodiversidad se encomienda a los estados, los que deben “desarrollar
estrategias, planes o programas para la conservación y el uso sustentable de la
diversidad biológica”.
Estas medidas
deben incluir medidas apropiadas para “prevenir la introducción, el control o
erradicación de especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábitats o
especies”.
Medidas precautorias en esta Convención incluyen las Evaluaciones de riesgos
ambientales los que deben ser realizados por los estados cuando actividades
puedan tener “efectos adversos importantes para la diversidad biológica con
miras a evitar o reducir al mínimo estos efectos”.
En adición a las medidas a ser tomadas por los
estados, la CDB, específicamente en su artículo 19 hace un llamado a la
creación de un protocolo que establezca procedimientos adecuados para la
transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos modificados
(OVM).
La CDB establece las bases para la regulación de los OGM en una forma
innovadora; llama a los estados para que se unan en la creación del protocolo libera
al principio precautorio de limitaciones o consideraciones económicas como en
la Declaración de Río,
toma en
consideración que la mayoría de los recursos genéticos se localizan en países
en vías de desarrollo al referirse a transferencia de tecnología de países
desarrollados a países en vías de desarrollo. Por último, la Convención
reconoce los derechos de cada estado sobre los recursos genéticos localizados
en sus territorios.
·
El protocolo de Cartagena
El protocolo de Cartagena de Bioseguridad fue ratificado en Enero del 2000 a
través del artículo 19 de la Convención sobre Diversidad Biológica. Este
protocolo, basado en el principio precautorio, emergió como resultado de
negociaciones internacionales para regular el movimiento transfronterizo y uso
de los Organismos Vivos Modificados
que
pueden impactar negativamente la diversidad biológica. A pesar de que el
protocolo de Cartagena se centra en la transportación y uso de los OVM, este
protocolo insta a las partes a “tomar en cuenta riesgos a la salud humana”.
El protocolo distingue tres tipos de OVM,
aquellos que serán introducidos en el medio ambiente, los destinados al consumo
humano, al consumo animal y al procesamiento. Los productos farmacéuticos están
excluidos de este acuerdo.
Tres elementos medulares integran el Protocolo de Cartagena: a) El Acuerdo
Fundamentado Previo (AFP), b) La evaluación del riesgo y c) el principio
precautorio.
Acuerdo Fundamentado Previo
La base para requerir el AFP de los Organismos Vivos Modificados es que los
estados tienen derecho a saber qué tipo de productos entran en sus territorios
y las características de los mismos. Los estados tienen, en todo caso, el
derecho a prohibir la entrada a productos nocivos basados en la información
contenida en los AFP. Este procedimiento de transmisión de información sobre el
producto y consentimiento previo se aplica solo a los OVM para ser introducidos
en el medio ambiente.
Los procedimientos bajo el AFP se encuentran en los artículos 8, 9 y 10 del
Protocolo de Cartagena. De acuerdo a estos procedimientos, las partes que
exporta, debe solicitar por escrito que se autorice la introducción de los OVM
en otro estado. El estado que importa dichos productos debe comunicar al estado
exportador su intención de aceptar dichos productos dentro del plazo de 270
días.
La evaluación del riesgo
La evaluación del riesgo es una herramienta en el protocolo para guiar a las
partes en las decisiones para importar OVM y para prevenir el daño ambiental.
Este procedimiento es requerido solamente para los productos que serán
introducidos en el medio ambiente y será llevado a cabo con la información
disponible en el AFP.
La “esencia” del principio precautorio en el Protocolo de Cartagena esta
contenida en el Acuerdo Fundamentado Previo y en la evaluación del riesgo. La
formulación predominante en este protocolo dice:
“
El hecho de que no se
tenga certeza científica por falta de información y conocimientos pertinentes
suficientes sobre la magnitud de los posibles efectos adversos de un organismo
vivo modificado en la conservación y utilización sustentable sustentable? de la
diversidad biológica en la Parte de importación, teniendo también en cuenta los
riesgos para la salud humana, no impedirá a esa Parte, a fin de evitar o
reducir al mínimo esos posibles efectos adversos, adoptar una decisión, según
proceda, en relación con la importación de ese organismo vivo modificado
destinado para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento”
La inclusión del principio precautorio en el Protocolo para algunos
académicos, contiene la enunciación más fuerte de este principio a nivel
internacional y ha sido considerada como la operacionalización de este
principio. El elemento que desencadena el principio precautorio en este
protocolo es la evaluación del riesgo. Si esta evaluación muestra un nivel de
riesgo no aceptable, el estado puede oponerse a la importación de los OVM en
cuestión. Sin embargo, si no hay evidencia que permita vislumbrar riesgos, el
estado puede, basado en este principio, rechazar la importación de los OVM.
Además del principio precautorio, los estados pueden tomar en cuenta
factores socioeconómicos que puedan afectar la diversidad biológica como las
prácticas tradicionales de grupos indígenas y el rechazo de la población a los
productos transgénicos.